La oposición “condena al consistorio al incumplimiento” tanto de este documento diseñado por el PP como de la ley en materia de estabilidad presupuestaria, al impedir la aprobación de medidas en el capítulo de ingresos

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo comunicará al Tribunal de Cuentas, a la Junta y al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas la imposibilidad de cumplir con el Plan de Ajuste diseñado por el PP en la pasada legislatura al no haber sacado adelante la modificación de algunas ordenanzas fiscales planteada por el equipo de Gobierno en pleno extraordinario.

En concreto, se ha rechazado tanto la modificación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que contemplaba un aumento de en torno a un 10%, como la del Vehículos de Tracción Mecánica (VTM), con un incremento medio del 23%.

Por el contrario, sí ha salido adelante, con el voto a favor del Grupo Municipal Socialista, el Partido Autonomista Leonés- Unidad Leonesista (PAL-UL) e Izquierda Unida (IU), la modificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAAEE), que sólo gravará a las empresas cuya facturación anual supere el millón de euros.
Durante la sesión celebrada esta mañana, el equipo de Gobierno ha recordado que estas medidas “que ni queremos, ni nos gusta tomar”  vienen impuestas por el propio Plan de Ajuste y son, además, un paso previo a la redacción de un presupuesto para el 2016 “que cumpla la ley y obtenga el beneplácito del ministerio”.

Antes del debate político, la presidencia formuló pregunta a la secretaría municipal para conocer las consecuencias jurídicas del incumplimiento de dicho plan, teniendo en cuenta que este documento contempla, en materia de ingresos, la modificación de ordenanzas fiscales que posteriormente se sometió a votación.
La secretaría municipal aclaró que el Plan de Ajuste es una “ley de estricto cumplimiento” para el consistorio y que, por lo tanto, de no aplicarse, la intervención general del estado (a la cual se envían informes trimestrales) podría ordenar una llamada “misión de control”, que en la práctica supone que el Ayuntamiento sea intervenido.

Advirtió además que su incumplimiento puede poner en peligro la devolución del crédito ICO al que está obligado el consistorio a partir de mayo del próximo año.
“El rechazo a la modificación planteada, aboca a San Andrés a una legislatura marcada por una auténtica irregularidad e ilegalidad en materia económica y administrativa”, ha valorado la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, para después subrayar que se pondrá  en conocimiento del Tribunal de Cuentas de Castilla y León, la Junta y el Ministerio de Hacienda “para que tomen las medidas que crean oportunas, teniendo en cuenta que es el ministerio el que debe dar su visto bueno a un presupuesto que, en cierta medida, no se ajustará al propio plan, una vez que se han rechazado las modificaciones previstas”.

APROBACIÓN INCIAL DEL REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN

Por otro lado, la sesión ha servido para aprobar de manera inicial el Reglamento de Participación Ciudadano, con el voto a favor de todos los grupos políticos a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo.
El documento, abierto a alegaciones en la fase de exposición pública, tiene como principal objetivo dar respuesta a la demanda de transparencia, eficiencia y eficacia en la gestión de los asuntos públicos que la ciudadanía reclama a sus representantes.