El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo exige a la Junta de Castilla y León que deje de “echar balones fuera” y asuma el servicio de transporte público de Ferral del Bernesga al centro de la capital leonesa. 

En cuanto los responsables del nuevo Ejecutivo autonómico tomen posesión de sus cargos, la alcaldesa del municipio, la socialista María Eugenia Gancedo, solicitará una reunión con el consejero o consejera de área “para abordar este asunto e iniciar cuanto antes el traslado de competencias”•

Gancedo recuerda que la Junta es la administración competente, por lo que es su deber asumir el coste de esta línea, que actualmente supone un coste superior a los 8.300 euros mensuales para las arcas municipales

“Que no eche balones fuera y que no trate como a los vecinos de Ferral como  ciudadanos de segunda o tercera porque tienen el mismo derecho que el resto a que este servicio se incluya en el contrato que la administración autonómica mantiene con la empresa concesionaria”, ha subrayado la regidora, que ha insistido en la necesidad de “regularizar esta situación”. 

La alcaldesa ha mantenido hoy un encuentro con el gerente de Alsa, Óscar Barredo, y con el responsable de esta compañía de transporte en la zona noroeste de España, Miguel Parrondo, en el que, entre otros asuntos, se abordado la situación de la deuda que el consistorio mantiene con la empresa así como del convenio suscrito por ambos para el funcionamiento de la línea de autobús de Ferral; un concierto que concluye el próximo día 30. 

En este sentido, el Ayuntamiento utilizará la prórroga de un mes de la que dispone para trabajar en un nuevo convenio que pueda prolongarse hasta finales de 2015. 

“Que los vecinos y vecinas de Ferral tengan la seguridad de que el consistorio no les va a dejar tirados y va a mantener las líneas con sus frecuencias”, ha apuntado Gancedo, para después subrayar que la necesidad de que “de una vez por todas” se ponga en marcha el consorcio del área metropolitana y la Junta “asuma competencias que son suyas”

 

El equipo de gobierno de San Andrés del Rabanedo, que encabeza la socialista María Eugenia Gancedo, está retomando los expedientes para la contratación urgente de las actuaciones necesarias para la reapertura de las piscinas de verano de San Andrés del Rabanedo y Trobajo del Camino, así como del centro de ocio de esta última localidad. 

La alcaldesa lamenta que las piscinas permanezcan cerradas por la desidia del exalcalde, el señor Chamorro, al que la Junta de Castilla y León concedió en noviembre del año pasado un plazo de seis meses para subsanar las graves deficiencias detectadas en los cuadros eléctricos de las instalaciones tanto de Trobajo del Camino como de San Andrés. 

“Queremos pedir disculpas a los vecinos del municipio por el retraso en la reapertura tanto de las piscinas de ambas localidades como del centro de ocio de Trobajo y garantizarles que estamos haciendo todo lo posible para ponerlas en servicio cuanto antes, pero hay que respetar los trámites administrativos”,  afirmó la regidora, quien subrayo que el problema lo generó el Partido Popular con su “irresponsabilidad” y falta de sensibilidad hacia las necesidades de la ciudadanía. 

 

Fuga de agua en el vaso de San Andrés

En el caso concreto de las piscinas de San Andrés, el informe realizado por los técnicos municipales a petición del nuevo gobierno desaconseja adoptar medidas que agilicen los trabajos (y que pasarían por echar el mortero en el vaso para después aplicar una pintura impermeabilizante) puesto que esto elevaría de forma considerable el coste de la obra y, además, no subsanaría los problemas de filtraciones. Su puesta en marcha pasa también por subsanar los problemas que presentan los equipos de depuración, cuyo estado actual impide garantizar los criterios de higiene y salubridad del agua. 

“Esta situación es un nuevo ejemplo de la falta de responsabilidad, de ética y de conciencia ciudadana con el que el Partido Popular gobernó el municipio. A lo mejor para ellos unas instalaciones públicas de calidad no son importantes porque la mayoría de los concejales del PP usan piscinas  privadas y sociedades privadas para poder disfrutar de su tiempo de ocio”, apuntó María Eugenia Gancedo. 

 

 

Las obras comenzarán en los próximos días y costarán 521.392 euros.

 

Este recurso sitúa a este cuerpo a la vanguardia en atención ciudadana.


La empresa construyó en Ferral del Bernesga tres depósitos para almacenar abono de animales sin  contar para ello con la licencia oportuna

El dispositivo policial de vigilancia activado por la concejalía de Medio Ambiente para controlar el depósito ilegal de vertidos en espacios públicos del municipio ha logrado localizar un nuevo vertido de grandes dimensiones en la zona de monte de Santa Colomba, en Ferral.


La denuncia ha sido realizada por un agente de la policía local que hacía labores de vigilancia en zonas boscosas cuando observó a un camión de gran tonelaje verter en unos depósitos carentes de licencia abono orgánico, procedente de la actividad de una mercantil ubicada en el municipio de San Andrés.


Concretamente, se trata de tres depósitos de 30 metros de largo, 26 de ancho y 2 de altura construidos sin licencia, dos de los cuales albergan  3.600 cúbicos de purines en total, con el consiguiente riesgo ecológico para el entorno.


El concejal responsable de área, Francisco J. Gómez, se desplazó a la zona acompañado por técnicos municipales para comprobar “in situ” el alcance de este posible delito medio ambiental, dando instrucciones “con carácter inmediato” de la incoar un expediente informativo y sancionador, si procede, contra los responsables “de esta auténtica barbaridad ecológica”.


En dicha visita, se pudo observar que los excrementos allí almacenados “superaban con creces los dos metros de altura del muro construido para su almacenaje”,  por lo que gran parte de los deshechos desbordaban tanto por los laterales como por la parte trasera de los depósitos.


“Desde la concejalía seguirán intensificando los controles medioambientales para evitar este tipo de situaciones y multar con toda la dureza posible a personas tan sumamente desconsideradas con el medio ambiente”, ha subrayado el concejal.


El edil ha explicado, además, que Medio Ambiente es plenamente consciente de la problemática de los vertidos en el término municipal, por lo que no se escatimarán recursos en la lucha contra este tipo de delitos.


“Mi deseo personal es que no sea necesario llegar a las acciones coercitivas para concienciar de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente, pero desgraciadamente no nos queda más remedio que aplicar la ley en su más amplio sentido de la palabra para intentar erradicar este auténtico problema”, ha valorado al respecto.


Las sanciones para este tipo de delitos oscilan, en función de su gravedad, entre los 9.001 y los 300.000 euros.

 

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